Ana Luisa Cantoral
Poco más mil 200 unidades de servicio de taxi se manifestaron este día en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), para exigir un alto al saqueó que el gobierno del estado hace al servicio público.
Es increíble, dijeron, que pidan un pago de 2 mil 400 pesos por cada unidad como parte del programa RETO, la cosa aquí es pagar por cualquier cosa.
Las más de mil unidades no sólo se estacionaron a las afueras de la Semovi, sino que también abarcaron la avenida Símbolos Patrios, ocasionando caos vial.
A decir de un grupo de inconformes, “es increíble que el Gobierno del Estado no cuente con una base de datos de cuántas unidades de transporte público hay, cuando ellos son los que entregan concesiones, permisos, licencias de conducir, emplacamiento, y ahora salen con esto, lo que quieren es solo dinero porque no tienen llenadera”.
Aunque no quisieron ser nombrados, la denuncia es directa pues se niegan a cubrir el pago del Programa de Registro Estatal de Transporte del Estado de Oaxaca (RETO).
Agregaron que son más de dos millones de unidades móviles, y con ese pago de dos mil 400 pesos cada uno, se quieren hacer millonarios o que los saquen de sus deudas, por lo que dijeron que ya basta de tanto saqueo al pueblo.
Y es que explicaron que desde antaño los taxistas, han tenido que comprar un sticker que viene numerado para llevar un control de cada unidad, el cual también tuvo un costo al momento de adquirirlo, por lo que ya no están dispuestos a pagar más dinero.
Finalmente, denunciaron que es injusto que pretendan hostigar al servicio regular cuando existen innumerables unidades piratas no solo en la ciudad, sino en todo el estado que operan sin que nadie les diga nada.
Así pues, anunciaron que la manifestación solo durará unas horas ya que solo buscan una mesa de diálogo para evitar los pagos.
Finalmente trascendió que además de los taxistas, personal sindicalizado de la Semovi, se le manifestó en el interior de la dependencia a la titular Mariana Nassar Piñeyro, para exigirle la salida del subsecretario, Mario Alberto Guzmán Jaime y de la directora administrativa, a quien acusan de beneficiar a empleados que no pertenecen a ninguna gremial con la entrega de uniformes.
