Redacción
Después de un buen rato sin tener alguna resolución del caso de María Elena Ríos, saxofonista agredida con ácido, en Oaxaca se reactivó este juicio como un caso prioritario y de urgente resolución, pues como no, si ya va para dos años que no dan alguna respuesta en torno al caso en donde se involucra al exdiputado Juan Vera Carrizal.
Y es que ni el COVID-19 va a impedir que se continúe con este caso, pues de acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho, este juicio se llevará a cabo con todas las medidas de prevención que están establecidas por la pandemia del nuevo coronavirus en el país y en el mundo.
El magistrado señaló que el proceso lleva cierto cause, pues se están llevando a cabo las investigaciones complementarias correspondientes, para que después se continúe con una audiencia intermedia y finalmente a una audiencia de juicio de debate, donde después de un par de años se dará una sentencia contra los implicados.
Pinacho, fue cuestionado por el tiempo que ha transcurrido desde que se dio el caso, sin embargo, el funcionario declaró que los procesos penales o cualquier tipo de casos judiciales, toman un tipo en dar una resolución, pues se deben cumplir actos y etapas procesales previstas en la ley, es por eso que no se ha adelantado ningún fallo o determinación hasta que no hayan concluido las investigaciones correspondientes.
Recalcó que el caso nunca se olvidó, continuaron haciendo averiguaciones para este caso, pues el juicio de María Elena Ríos, es un caso de suma importancia para el Poder Judicial, como todos los casos de agresiones a mujeres o los feminicidios. También, dijo que los culpables de este hecho atroz continúan en prisión y se espera la liberación de una orden de aprehensión de otro implicado.
Lamentablemente María Elena Ríos no es la única víctima que existe en ataques con ácido. En el país no existe algún conteo oficial del número de mujeres agredidas de esta forma, sin embargo, los casos están presentes y en algunos, no se encuentra justicia para las afectadas, pues en México, los ataques de este tipo no están considerados como un delito en el Código Penal Federal. Solo en la Ciudad de México, donde existe una pequeña posibilidad de justicia, pues en enero de 2020 los ataques con sustancias corrosivas darán una pena de los 9 a 12 años de prisión.
