Redacción
Esta organización fue fundada en 1987, y se especializa en defender la libertad de expresión y el derecho a la información, tomando su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama libertad.
Hace algunas horas lanzaron su informe titulado ‘Distorsión: El discurso contra la realidad’, en donde señalaron que el año 2020 fue uno de los más violentos para la prensa en México, pues la cifra total de ataques a periodistas y medios de comunicación fue de 692, dando un promedio de una agresión cada 13 horas y mostrando un aumento del 13.62 por ciento más que en el año 2019.
De la misma forma, declararon que el 49.5 por ciento de las agresiones cometidas contra la prensa fueron por las mismas autoridades de cada Estado, dejando en claro que es el Gobierno quien trata de “oprimir” la libertas de expresión.
Leopoldo Maldonado, quien es el actual director regional de Artículo 19, explicó que durante el año pasado el mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador uso la distorsión como mecanismo para “alterar” la percepción de las realidades al deformarla mediante el discurso “yo tengo otros datos”.
Durante el año 2020, 17 periodistas han sido asesinados mientras ejercían su profesión, por lo que no se deja exenta la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el año 2019 fueron privados de la vida 6 corresponsales.
En la lista de los estados con más agresiones, la Ciudad de México es quien la encabeza, seguida de Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, lugares que sobrepasan las 47 agresiones a nivel nacional.
Haciendo un conteo general de agresiones, se reveló que un 27.6 por ciento de ellas fueron de carácter digital y un 16.3 por ciento fueron cubriendo algún evento durante la pandemia por COVID-19.
La Organización señaló que durante las “mañaneras” el mandatario Andrés Manuel López Obrador configuró la manera de jugar con la prensa, pues cada que señalaba “yo tengo otros datos” dejaba en juicio de duda la realidad y la ficción.
“Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que se busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos “otros datos” o para, de plano, corroborar que no existen”.
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