REDACCIÓN —
Ante la crisis financiera que trajo consigo la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial, los gobiernos de los 202 países en donde hasta ahora, se ha registrado la enfermedad, han comenzado a analizar medidas para no sepultar la economía de dichas naciones, un caso muy claro es Brasil.
En donde por un decreto presidencial promulgado a comienzos de este mes por el presidente Jair Bolsonaro, se permite la reducción de la jornada laboral y de los sueldos hasta en un 100 por ciento, con una compensación proporcional pagada por el Gobierno, pero solo hasta el tope máximo de la prestación por desempleo (1.813,03 reales, o 339 dólares).
La mala noticia es que el plan deja afuera a los trabajadores sin contrato y a muchos empleados de empresas estatales.
Según la nueva ley, la condición de suspensión completa del contrato de trabajo podrá tener un plazo máximo de dos meses. También existe la posibilidad de reducir las jornadas. En ese caso, el límite de tiempo son tres meses. La legislación permite que las negociaciones se efectúen individual o colectivamente entre el empleador y los empleados.
Esta medida no ha impedido que muchas empresas brasileñas le den las gracias a sus trabajadores, al admitir que la situación para muchas de ellas es insostenible.
