Deimos Sánchez
En 11 meses la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), incrementó casi un 75% su nómina de personal desfasado y que es parte de su déficit financiero.
Es decir, de abril de 2018 a marzo de 2019, la universidad tiene 800 trabajadores más, de acuerdo a la página de transparencia de la universidad en Proyección Financiera 2018.
Estos datos contrastan con las declaraciones del rector, Eduardo Bautista Martínez, quien asegura que están realizando un saneamiento financiero, según denunció Pedro Sosa Gutiérrez, catedrático y abogado defensor de los derechos humanos a través de una conferencia de prensa.
«Eran mil 100 trabajadores que se desfasaban de la nómina, que eran parte del déficit financiero, a la fecha hay 800 trabajadores más, este es un discurso de doble moral de Eduardo Bautista Martínez, quien por un lado dice que se hace una auditoría y por otro está haciendo lo contrario», denunció Sosa Gutiérrez.
Por toda esta complicidad y corrupción del rector para encubrir todas las violaciones a los derechos laborales y académicos el profesorado ha creado un frente para el rescate de la máxima casa de estudios, que estará compuesto de 59 catedráticos de diversas facultades.
El Frente Universitario, se constituirá de manera formal con carácter institucional, pues pretenden implementar una nueva Ley Orgánica que cambie la forma de elegir a las autoridades y así corregir las malas prácticas de la coacción del voto hacia la comunidad estudiantil.
Los catedráticos que encabezan este frente, son: Pedro Sosa Gutiérrez, Mauro Francisco Pérez Carrasco y Gustavo Alejandro López Cruz, quienes aseguraron que esta decisión de conformar el grupo es por la omisión que el rector Eduardo Bautista Martínez muestra, para sacar de la crisis que atraviesa la cita universidad tanto en temas financieros como en la violaciones a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, los abogados denunciaron el incumplimiento por parte del rector Eduardo Bautista Martínez, de la Recomendación 8/2017 emitida por la DDHPO, una demanda de protección de Derechos Humanos que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia.
