Redacción
Con el nuevo documento pontificio se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”, según escribe el papa Francisco.
Las nuevas medidas llegan en un momento en el que las investigaciones vaticanas han revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas
Todos tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirmen que “no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción”.
Tampoco podrán “estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal”.
Por último, se prohíbe a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines aceptar, por razón de su cargo, “regalos u otros beneficios” de un valor superior a 40 euros”.