Solicita Horacio Antonio Mendoza informe del contrato del CRAD

Deimos Sánchez

Horacio Antonio Mendoza, diputado Local del PRD en el Congreso de Oaxaca, exigió al encargado de despacho de la Secretaría de Administración, y a los titulares de las Secretarías de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), y de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFIN), informen al Pleno de la LXIII Legislatura, los términos y condiciones bajo los que fue adjudicado el contrato de administración del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo “Venustiano Carranza” (CRAD).

Lo anterior, lo solicitó a través de un punto de acuerdo que fue aprobado con 31 votos a favor de urgente y obvia resolución para que el Gobierno de Alejandro Murat de cuenta del monto total de ingresos percibidos por su gobierno, así como también el destino de los mismos.

Pero mientras, el mandatario da un informe sobre estas irregularidades, el legislador exigió la recuperación inmediata de este espacio público en beneficio de la sociedad oaxaqueña, ya que la empresa LICODEP S. A., que tiene la operación y usufructo de estas instalaciones deportivas, se ha caracterizado por cometer una serie de abusos en contra de los usuarios, cobrando tarifas excesivas y condicionando el uso de instalaciones a la adquisición de equipos deportivos que la misma empresa comercializa”, acusó el Diputado Local.

El CRAD, precisó tuvo una inversión inicial de 383 millones de pesos, con recursos aportados por el Gobierno Federal a través del Fondo Regional (Fonregión), mismo que se entregan anualmente a diez Estados del País con los niveles más altos de pobreza, identificados a través del Índice de Desarrollo Humano.

Pero esta, dijo, presentó un retraso en su entrega por más de un año, aunado a ello, el Gobierno del Estado solicitó 200 millones de pesos adicionales al Gobierno Federal para su conclusión.

Finalmente, expuso que es preocupante que una empresa particular lucre con la salud de los oaxaqueños a través del usufructo de instalaciones construidas por el Gobierno del Estado para beneficio de las familias oaxaqueñas y sobre todo desconocer las condiciones bajo las cuales se ha permitido este abuso.