- Demanda a las instituciones de salud pública brindar atención médica a las mujeres que desean ejercer este derecho.
Mediante una reforma a la Ley Estatal de Salud, se busca garantizar que las mujeres que acudan a las instituciones públicas de salud de la entidad para realizar la interrupción legal de su embarazo, tengan acceso a este servicio.
Lo anterior, mediante una iniciativa con proyecto de decreto propuesta por la diputada, Magaly López Hernández, que consiste en adicionar el Capítulo Séptimo de la Interrupción del Embarazo, y los artículos 70 ter, 70 Quater y 70 Quinquies a la Ley antes referida.
De esta manera se pretende que las mujeres accedan a este derecho sin discriminación, de forma gratuita, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca.
Dicha propuesta está basada en un enfoque de la salud, apegado a los derechos humanos. También, ofrece estrategias y soluciones que eliminen desigualdades y las prácticas discriminatorias.
Según estadísticas oficiales, Oaxaca es la segunda entidad del país en permitir interrupción legal del embarazo, además de la Ciudad de México. Sin embargo, a casi un año de haberse aprobado las referidas reformas, aún están pendientes modificaciones y adiciones a la Ley Estatal de Salud que refuercen que la maternidad es una decisión libre, oportuna, e informada.
López Domínguez considera preocupante que dentro del servicio médico se busque imponer creencias religiosas y estigmas, naturalizando que debe existir una culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, con la suposición de que, la interrupción de un embarazo es sinónimo de pecado.
El aborto es una problemática de salud pública que ha ido en aumento. Cifras oficiales revelan que al año se registran en la entidad un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos. Además, por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca.
El 25 de septiembre del 2019, fue aprobado ante el Pleno Legislativo con 24 votos a favor, la reforma que permite la interrupción legal del embarazo en el Estado. La misma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de octubre de ese mismo año, entrando en vigor al día siguiente.