Juan Antonio Ilescas
El Estado Mexicano, representado por el Gobierno de Oaxaca desacata fallos de la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) para integrar a una familia a la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, que fue expulsada por negarse a pagar 10 pesos al programa Prospera.
Dionisio de la Cruz Méndez señaló que en el año 2015, su madre no cubrió el pago de 10 pesos para poder cobrar el apoyo de ese año del programa Prospera.
La autoridad municipal representada entonces por Emilio Guatemala Pacheco elevó el pago de la multa a 100 mil pesos, alegando cobro de intereses moratorios.
La familia de La Cruz no cubrió ese pago y fue expulsada de la población, por lo que inició un procedimiento legal para su reintegración a la comunidad.
En agosto del 2016 se dictó una medida cautelar a favor de la familia la cual feneció el 7 de abril del 2019, según Dionisio de la Cruz Méndez.
A partir de entonces un Juez de Control fijó plazo de dos meses a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que dentro de sus atribuciones reincorpore a la familia de la Cruz a su comunidad, pero no se le ha dado cumplimiento a la orden basada en tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
