Redacción MVM Digital
Se dio a conocer el informe de la Misión Civil de Observación integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil, donde señalan la violación a los derechos humanos de las personas que habitan la zona y contra quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas, en contra de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Dentro de estas violaciones se encuentran principalmente, la negativa a proporcionar la información relevante con respecto a la construcción de este megaproyecto y cuáles serían las afectaciones en ese territorio; de igual forma, el atropello a sus derechos, a la participación a la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano, así como a su identidad cultural, esto ya que no se han llevado a cabo consultas previas libres e informadas hacia la población.
Indican también que entre otros derechos violentados se encuentran: la vida, la integridad, la libertad personal, así como la libertad de expresión por agresiones físicas, criminalización y hostigamiento; lo cual están viviendo principalmente quienes encabezan la lucha por sus territorios, la naturaleza y la tierra.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), a través de Javier Martínez, integrante de esta institución, señaló que el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, detalló que de octubre de 2021 a julio del 2023, se han suscitado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales contra comunidades y personas defensoras del territorio y de los derechos humanos; por no convenir así a la construcción del Corredor Interoceánico.
Esta Misión de Observación, realizó un recorrido por cuatro comunidades indígenas en la región del istmo de Tehuantepec, como lo son Mogoñe Viejo perteneciente a San Juan Guichicovi; Santa María Mixtequilla; Santa Cruz Togolaba, Santo Domingo Tehuantepec; así como Puente Madera, San Blas Atempa; concluyendo que estas intervenciones violentas por parte de la Marina y la Guardia Nacional, se han desarrollado con desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización, en contra de quienes defienden su territorio.
