Confirma Segego 4 retenidos en San Juan Mazatlán, Mixe por problemas políticos electorales

Deimos Sánchez

El titular de la Secretaria General de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud, confirmó 4 retenidos en San Juan Mazatlán, Mixe, los cuales este jueves cumplieron 14 días de estar privados de su libertad.

La problemática dijo, deriva de un tema político electoral entre dos grupos de la comunidad; uno que asume la presidencia y otro que se ostenta como autoridad municipal.

Y es que de acuerdo a la medida cautelar que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), uno de los ciudadanos retenidos es Jacinto Olivera, oriundo del municipio de Santiago Malacatepec.

El individuo es acusado de formar parte del Cabildo de San Juan Mazatlán sin ser oriundo de la comunidad, permanece privado de su libertad al lado de dos trabajadoras del Juzgado Mixto de María Lombardo –retenidas desde el seis de septiembre y de un funcionario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), según información del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los pobladores de San Juan Mazatlán se han negado a liberar a las mujeres y los hombres, a pesar, según el titular de la Segego se han abierto mesas de negociación, para solucionar el conflicto.

Según la versión de los pobladores, el motivo de la privación de la libertad es que el hombre se desempeña como parte del Cabildo del edil Macario Eleuterio Martínez, quien es acusado de ser un cacique priista que llegó al poder a través de un serie de irregularidades cometidas en el proceso electivo realizado en noviembre de 2017.

Hasta esta semana la DDHPO emitió una medida cautelar para que el DIF estatal brindara ayuda a la familia de Jacinto Olivera, el primero de los retenidos, pues, según un expediente de queja comenzado al respecto, éste proveía de todo el sustento a sus allegados.

El organismo indicó que la dependencia estatal, encabezada por Ivette Morán de Murat, debía analizar qué tipo de insumos podía hacer llegar a las víctimas colaterales para que no se vulnerara su derecho humano a una alimentación adecuada.

La Defensoría no se pronunció sobre las otras tres personas que permanecen retenidas.