Redacción
Este día durante una sesión ordinaria de trabajo, el Estado mexicano aceptó las recomendaciones emitidas por el Examen Periodico Universal (EPU) para atender crisis de Derechos Humanos en Oaxaca.
Lo anterior lo dio a conocer Consorcio para el Diálogo Parlamentario de Oaxaca, en el que señalaron que es fundamental que el Estado Mexicano cumpla con las 262 recomendaciones del Examen Periodico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, proceso que permite a los estados, tener criterios objetivos para mejorar su desempeño en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.
En diciembre del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) responsabilizó del Estado mexicano por «graves violaciones a derechos humanos» cometidas en territorio nacional.
Asimismo destacaron que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de la detención de personas no es legítimo ni necesario, además de ser excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual o discriminatoria de las agresiones sufridas.
En su momento Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, condenó los crímenes a las defensoras y los defensores de derechos humanos en Oaxaca, recientemente, el crimen de Óscar Carzola que afectó a toda la comunidad muxe y que posteriormente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se vieran involucrados en un caso de tortura de uno de los presuntos agresores de Carzola, un joven de 15 años que murió en una bodega que la AEI utilizaba para sus interrogatorios.
La Corte concluye que el uso indiscriminado de la fuerza del Estado fue resultado de la ausencia de una regulación adecuada, «una falta de capacitación de los agentes, supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos (manifestantes) justificaba el uso de la fuerza contra todos».
Por su parte, el centro de DDHH jesuita dijo que la sentencia de la Corte ocurre «en un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada».
El caso obliga al Poder Legislativo mexicano a revisar la legislación que se pretende aprobar.
