Redacción —
El 9 de diciembre de 2020, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, celebró en su cuenta de Twitter que el Secretario de Salud había firmado un acuerdo para comprar 35 millones de dosis de vacunas chinas contra COVID-19 de CanSino Biologics. El acuerdo fue firmado por el fabricante chino, el Gobierno mexicano y una tercera empresa suiza, Latam Pharma Innovative Ventures. Según datos del Registro Público de Empresas de Suiza, Latam Pharma aún no estaba registrada en ese momento.
Lourdes Motta, abogada corporativa especialista en contratos de salud mencionó que “literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades. Pudieron crearla o no crearla después. Es completamente irregular que tú firmes con una empresa que no ha sido creada”.
Expertos señalaron otros aspectos del contrato con Latam Pharma que ponen en desventaja al Gobierno de México. Explicaron que fue firmado bajo la jurisdicción de Singapur, no establece responsabilidades de CanSino en caso de que haya algún problema en la manufactura de las vacunas, no ofrece garantías para que los contratistas cumplan sus obligaciones y no deja claro cuál es el papel de Latam Pharma, la empresa que se utilizó para envasar y terminar las vacunas en México.
Latam Pharma está integrada por dos empresas suizas, cuyos socios son el empresario farmacéutico mexicano Guy Jean Leon Savoir García y el abogado mexicano Luis Doporto Alejandre, quien fue investigado en Panama Papers y multado por el Gobierno mexicano en junio de 2020, por haber participado en el programa de simulación de competencia entre empresas de distribución farmacéutica.
La firma Latam Pharma solo tiene cuatro empleados y reportó como domicilio un despacho en la ciudad de Zug, Suiza. Se constituyó con un capital social de poco más de 100 mil dólares y en 2020 declaró ganancias por 300 mil dólares.
Paulo Diez, abogado que ha denunciado varios casos de corrupción en compras públicas en México, dijo que esta parece ser solo una empresa de papel, sin operación propia y sin ninguna participación real en el suministro de las vacunas al Gobierno mexicano.
La cancillería mexicana, encargada de la adquisición de vacunas para México, dijo que firmaron ante leyes de Singapur porque “se concilió que la jurisdicción fuera Singapur basado en la seguridad jurídica que confiere el sistema legal de Singapur”.
Paulo Diez rechazó los argumentos de la cancillería y de la Secretaría de Salud, por lo que añadió que “lo de Singapur parece una barbaridad legal. Este contrato deja en una posición de enorme desventaja al Gobierno mexicano. CanSino no es el único proveedor en el mundo de vacunas contra COVID-19 ni la empresa está constituida en Singapur, sino en China. Nada justifica que hayan firmado bajo las leyes de Singapur”.
