Deimos Sánchez
Veinticinco familias, desplazadas de la etnia Triqui son beneficiarias de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y acusan a sus líderes de fraude y abuso de confianza.
Lo anterior, por recibir cheques del Gobierno del Estado con recursos superiores a 20 mil pesos semanales desde el año 2016, sin que las familias a la fecha reciban un peso de ese recurso, según denunció Mariana Flores López, beneficiaria de esta medida cautelar.
Mientras sus líderes, siguen recibiendo ese recurso, ellos viven en un albergue de la colonia Volcanes, en condiciones paupérrimas, solo con ayuda alimentaria del DIF Estatal, la cual solo contiene 2 latas de atún, un kilo de arroz, al igual que uno de frijol, dos latas de verduras y dos kilos de maíz, según la denuncia de las inconformes que ofrecieron conferencia de prensa en el Zócalo de la ciudad capital.
De estos delitos, acusaron directamente a Reyna Martínez Flores, Jesús Martínez Flores y a su ex líder Braulio Hernández Hernández, de este último, se ha edificado una casa de «lujo» de dos plantas, en el municipio de Huajuapan de León, por tanto, piden a la CIDH, para que intervenga y se realice una investigación sobre este recurso que solo ha beneficiado a unos cuantos.
