Dalia Gómez
Después del feminicidio ocurrido el pasado 9 de febrero, donde le arrebataron la vida a Ingrid Escamilla y posterior a eso se filtraran las imágenes del feminicidio perpetrado por su ex pareja, las autoridades correspondientes tomaron cartas en el asunto.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa en donde se busca sancionar de forma eficaz a cualquier funcionario público que filtre algún tipo información de las carpetas de investigación que se encuentren en trámite.
En dicha iniciativa, también se menciona que este tipo de delito se condenará con prisión de dos a ocho años e incluirá una multa de entre 43 mil pesos a 86 mil pesos.
Sí se tratase de niñas, mujeres o adolescentes, el castigo aumentará hasta doce años. Se espera que con esto sean también respetadas las víctimas y sus allegados.
