Juan Antonio Ilescas
La reinserción social en Oaxaca es un mito, pues dentro de las prisiones, principalmente en la de Santa María Ixcotel, persiste el trato degradante a los internos; el hacinamiento, la extorsión y la tortura, que son un asunto cotidiano que pone en riesgo la integridad física e incluso la vida de quienes, por alguna razón, están privados de su liberad, sujetos a proceso penal o sentenciados.
Luis Ángel Campos Durán, lleva año y medio viviendo un infierno en el penal de Ixcotel, a pesar de contar con tres medidas cautelares dictadas por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en los expedientes 952 y 0831 y la protección de la justicia federal para garantizar su salud, seguridad e integridad.
Él llegó procedente de una prisión de la Costa, debido al tratamiento y terapias que le dan constantemente en el Hospital General “Aurelio Valdivieso”, para atender los problemas de hernia discal de vértebras abiertas L4, L5, LS y L1, que podrían dejarlo sin movimiento.
Las irregularidades y abusos comenzaron muy pronto, cuando el personal de custodia comenzó a exigirle el pago de 10 mil pesos para darle trámite a sus procesos de traslado a terapia, según consta en la carpeta de investigación iniciada el 2 de mayo del 2019 por cohecho, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y demás que resulten.
Para el interno y su familia, resultaba perjudicial que Luis Ángel fuera enviado nuevamente a una cárcel en la Costa oaxaqueña, por eso realizaron las gestiones necesarias para mantenerlo en la penitenciaría de Ixcotel y consiguieron que el director general de Reinserción Social, Ricardo Ramírez Díaz le otorgara la “anuencia de cupo” de forma definitiva en ese centro de reclusión, según oficio SSP/SPRS/DGRS/SJ/930/2019.
La orden no la respetó el personal de la prisión y comenzó a promover el traslado de Luis Ángel, además de hacerlo víctima de torturas y confinamiento a un área de castigo, según denuncia de su hermana Jovita Campos que con ayuda de un abogado promovió y ganó un amparo contra el traslado.
El 15 de marzo del 2019, el Juez Cuarto de Distrito le otorga la suspensión al juicio de amparo 237/2019 y ordena que por motivos de salud se le retire inmediatamente del área de castigo. La orden fue desacatada.
Según el artículo 22 de la Constitución de México, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la práctica de la tortura es ilegal y constituye un delito.
Jovita Campos asegura que los directos responsables de estos desacatos, violaciones y abusos son el director del penal de Ixcotel, José Jarquín López, Natalia Arroyo Estrada, encargada del área jurídica, Jaime Cuetero Vásquez, jefe de seguridad y custodia, Rufino Silva Vásquez, jefe de vigilancia y custodios a su mando.
