DEIMOS SÁNCHEZ
Dionisio de la Cruz Méndez, habitante “desplazado” de la localidad de Santiago Progreso del municipio de San Juan Bautista Valle Nacional anunció que hoy junto con su familia tendrá una reunión institucional para solucionar el retorno a su comunidad de donde fueron despojados por las autoridades auxiliares.
En Conferencia de prensa, ofrecida en inmediaciones del Centro Histórico, Cruz Méndez, precisó que la reunión sería en las instalaciones del complejo de Ciudad Judicial pero, pidió que en dicha reunión estén presentes titulares de la Fiscalía General de Oaxaca, así como también funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensoría de los Derechos Humanos y otras instancias involucradas.
En esta reunión dijo, espera se cumplan con la sentencia de la sala superior indígena del Tribunal Superior de Justicia, ratificada el 17 de abril de este año para restaurar sus derechos violados por las autoridades auxiliares de Santiago Progreso.
Dionisio de la Cruz Méndez, y su familia fueron supuestamente desplazados desde el 2014 de la comunidad de Santiago Progreso debido a un problema por un adeudo de 10 pesos a las vocales del programa Prospera de las comunidades.
Explicó que su madre en vida fue beneficiaria del programa de apoyo a adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo se negó a pagar una cuota de 10 pesos que las vocales pedían cada dos meses para entregarle el apoyo de cerca de mil 600 pesos.
A pesar de que las cuotas están prohibidas las vocales decidieron quejarse por lo que la comunidad decidió correrlos de la comunidad y quitarles sus bienes inmuebles como sanción.
“Somos seis los afectados, desde esa fecha rentamos en Valle Nacional porque la gente que manda allá se quedó con mi casa, las cabezas de ganado, mi madre ya falleció, pero no nos han devuelto lo que es nuestro”, aseveró.
Mencionó que en noviembre de 2014 los afectados firmaron un acuerdo con las autoridades de Santiago Progreso para establecer las condiciones de su retorno, donde participaron instancias como, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado, pero hasta este momento, aseguró, “la Fiscalía no nos ha ayudado, no han agilizado nada, queremos recuperar nuestros bienes, pues nos costaron toda una vida para poder tenerlos”, agregó.
