Redacción MVM Digital
El Congreso Local de Oaxaca está analizando una serie de reformas a tres leyes y al Código Penal del estado, esto con la finalidad de evitar que los gobiernos estatal y municipal hereden deudas con proveedores a las administraciones entrantes.
Esto se realiza con el objetivo de que mediante la ley, se obligue a las dependencias estatales y municipales a cumplir con el pago de los servicios a las empresas contratadas, antes de que terminen sus administraciones.
Cabe recordar, que en el 2016 el gobierno estatal dejó un adeudo de 2 mil 500 millones de pesos a proveedores. Así mismo, la actual administración del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, reportó que la anterior administración le dejó una deuda que asciende a 386 millones de pesos.
Este tipo de situaciones ya se han vuelto comunes cada fin de periodo de gobierno, lo cual afecta a la hacienda pública de la administración entrante, generando un compromiso de sus recursos públicos para el pago de las obligaciones de la autoridad saliente; de igual forma, se perjudica a las empresas ya que dejan de percibir recursos, y en consecuencia no le pagan a sus empleados, afectando así de manera general a la economía local.
La presente Legislatura ha considerado prioritario que se generen mecanismos que prevengan y sancionen el incumplimiento de pago a proveedores por parte de funcionarios en turno y que cuando se contrate algún bien o servicio, se garantice la capacidad económica de la dependencia.
Con esto se evitarán afectaciones tanto en el desempeño de los nuevos gobiernos como en el patrimonio de los comerciantes y empresarios que prestan sus servicios o productos.
Esta propuesta fue presentada en la cámara por la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien busca se reformen las leyes de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; así como el Código Penal del Estado, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Oaxaca.
