Juan Antonio Ilescas
Aún no comienza la temporada de calor, pero los olores pestilentes que emanan las aguas negras del Río Atoyac son insoportables, el otrora imponente afluente que regaba los campos de los Valles Centrales, hoy luce como una enorme alcantarilla donde 30 municipios desfogan sus aguas de cañería.
Sus poco más de 100 kilómetros de longitud, entre esos 30 municipios por donde corren las aguas negras, lucen todos igual.
Son pestilentes, con grave daño por la extracción de materiales pétreos y repletos de carrizales que los presentan como un punto de riesgo para quienes tienen que transitar por su margen.
En mayo de 2019 la asociación civil Litigio Estratégico Indígena ganó un amparo para la protección de los ríos Atoyac y Salado, en el que se obliga a autoridades de por lo menos tres municipios a adoptar medidas emergentes para su rescate.
En la resolución del Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región de Acapulco, Guerrero, también se obliga a autoridades federales y estatales a coordinarse con autoridades municipales en el rescate de ambos afluentes.
A casi un año de distancia de la emisión del fallo, no hay una sola acción para rescatar los ríos Atoyac y Salado.
El saneamiento de los dos afluentes requiere voluntad política y mucho dinero pues los municipios involucrados necesitan instalar plantas tratadoras de aguas residuales para evitar seguir utilizando al Atoyac y al río Salado como las enormes cañerías en las que las han convertido.
